En el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 y con el fin de reactivar la economía nacional, el Ejecutivo aprobó disposiciones complementarias transitorias vinculadas a la reactivación de los contratos de obra pública vigentes y sus respectivos contratos de supervisión, emitidas en el Decreto Legislativo Nº 1486.

El ejecutor de obra debe presentar a la entidad, de forma física o virtual, y en un plazo de 15 días calendarios siguientes a la culminación de la inmovilización social en el marco del estado de emergencia nacional o su reinicio se encuentre dispuesto por la autoridad competente,  la cuantificación de la ampliación de plazo contractual, basada en la ruta crítica de la obra.

Así mismo, un nuevo cronograma de ejecución, incluyendo la fecha de inicio o reinicio del plazo de ejecución, según corresponda; el programa de ejecución de obra (CPM),  el calendario de avance de obra actualizado, el plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizado, el nuevo calendario de adquisición de materiales y de utilización de equipos, teniendo en cuenta las medidas del sector competente; así como la propuesta de reemplazo de personal clave, cuando se identifique que tenga el impedimento de este para seguir prestando servicios por razones de aislamiento social obligatorio.

El Decreto Legislativo Nº 1486, también establece que el funcionario o servidor competente tiene 15 días calendario para aprobar las ampliaciones de plazo, previa opinión del área usuaria sobre la ampliación del plazo y demás documentación presentada. En caso la entidad no cumpla con aprobar la ampliación en el plazo establecido, aquella se entiende aprobada en los términos propuestos por el ejecutor de obra, según refiere el decreto.

Fuente: Construcción y Vivienda

Redacción: Noe Ramos