Raúl Delgado Sayán, ingeniero especialista en temas de infraestructura y construcción, mencionó que el siguiente gobierno tiene un reto importante, ya que el Sector Construcción representa el 1.5% del PBI y el 6% de la PEA con 280 mil empleos directos y cerca de 1 millón y medio de empleos indirectos que atraviesan horizontalmente todos los otros sectores de producción y servicios.

Existe un presupuesto para el 2021 con obras de alrededor de 39 mil millones de soles, de ello el 60% está en el gobierno central, el 20% en regiones y el restante 20% en gobiernos locales. Su primera tarea al respecto será cumplir con ejecutar este presupuesto.

Asimismo, señaló que el nuevo gobierno debe iniciar inmediatamente las coordinaciones con el gobierno saliente para conocer el estado actual de los proyectos, así como conocer el planteamiento propuesto del presupuesto 2022, que empezó en abril de este año y se debe garantizar recursos para los proyectos que están en ejecución. así como para las nuevas obras previstas.

“El presupuesto se entrega al Congreso el 30 de agosto y queda muy poco tiempo para cualquier ajuste. Hay que reconocer la importancia de mantener e incentivar la inversión privada que es cuatro veces mayor que la inversión pública, por consiguiente, el nuevo gobierno debe dar garantías de estabilidad al Sector Privado y asegurar que se van a respetar las inversiones, caso contrario esta se desplomará”, dijo.

PROYECTOS ATRACADOS

También recordó que el 20 de enero del 2020, la Contraloría General de la República el 20 de enero del 2020 (antes de la Pandemia), habían mil proyectos atracados que significaban 13 mil millones de soles, y que de ellos 400 tenían un avance mayor del 50%.

Estos proyectos para destrabarlos, hay que arribar a acuerdos entre las partes, porque ellos están trabado por distintos problemas y en términos prácticos ningún funcionario honesto va a aceptar tranzar si es que no tienen al costado un respaldo de la Contraloría, resaltó. No existe mayor perjuicio para el país que proyectos trabados que cuestan más cuando se reinicien y que no permite usar el capital ya invertido en beneficio de la ciudadanía.

Asimismo, en relación al modelo de Contrataciones del Estado, Obras por Impuestos y particularmente lo que se ha anunciado con el modelo de Gobierno a Gobierno (Governments to Governmets o G2G) Delgado Sayán precisó que no se debe exagerar.

“Ningún país realmente entrega el manejo de sus inversiones a otro país. Los gobiernos no son entidades cuyo giro es hacer proyectos y por consiguiente vienen siempre llevando al costado sus empresas, que en realidad tampoco están muy familiarizados con los retos de nuestro territorio, con nuestro entorno y fenómenos naturales propios. La causa de las trabas en los proyectos en realidad no son en su mayoría aspectos que están dentro del proyecto mismo, sino muchos de ellos son factores exógenos propios; como expropiaciones, interferencias, conflictos sociales, temas ambientales, en los cuales los gobiernos extranjeros tampoco ayudan mucho”, añadió.

PMO Y GRANDES PROYECTOS

Por otro lado, subrayó que en el Perú hay alrededor de 420 mil ingenieros colegiados a lo largo y ancho de todo el país, de los cuales 52 mil son ingenieros civiles quienes tienen experiencia en todo tipo de obras. “El patrimonio por inversiones que ya existe en el Perú es de alrededor de un trillón de dólares, y eso ha sido diseñado y construido en casi totalmente por ingenieros peruanos. Estoy de acuerdo en cambio con los PMO (siglas en ingles de Oficina de Gerenciamiento de Proyectos) para muy grandes proyectos o paquetes  de muchos proyectos que decidieran ejecutarse en conjunto”., sostuvo.

“Los PMO, cuando sea necesario, se pueden licitar sin necesidad que lo lleven adelante otros gobiernos. El PMO es lo que debieran hacer internamente de manera normal todas las entidades públicas para manejar sus proyectos. No tenemos a la fecha ninguna otra experiencia marcadamente exitosa en este sistema más allá de los Panamericanos, cuyo éxito realmente se debió a la muy buena gestión del equipo de personal que dirigió Carlos Neuhaus, quién tuvo facultades extraordinarias concedidas en este caso especial para reestructurar y optimizar las inversiones, es decir manejar su presupuesto integral y los tiempos bastante bien y con mucha flexibilidad”, añadió.

INFRAESTRUCTURA

Delgado, también refirió que “nosotros no debemos romper el orden establecido para el crecimiento y el desarrollo de la infraestructura y construcción porque el Perú necesita de muchísima inversión. Tenemos un déficit de infraestructura física, social y de servicios del orden de 300 mil millones de dólares, de los cuales solamente la parte de infraestructura física y conectividad bordean los 200 mil millones de dólares. Si nosotros pretendiéramos estatizar o nacionalizar gran parte de lo ya invertido, en realidad no van a haber  recursos disponibles nacionales y extranjeros adicionales para nuevas inversiones que son tan necesarias para la mejora de calidad de vida de los peruanos y el combate contra la pobreza”. 

“Pagar el justi precio de lo que el Perú tendría que cancelar por nacionalizar y estatizar, no solo serían cifras enormes sino que además nos enfrentaría con muchos países y también vulneraría los Tratados de Libre Comercio (TLC), quebrantándolos lo cual nos generaría incluso problemas hasta para vender nuestra producción o importar ventajosamente los insumos básicos que necesita la industria nacional para su producción normal. Como pudiéramos –por ejemplo- tener éxito en vender minerales a países cuyas empresas hubiéramos  estatizado o nacionalizado siendo además que la minería es alrededor del 16% del PBI. Esta es una actividad de inversión donde evidentemente la construcción y la generación de empleo tienen un rol sumamente importante; y ello en exportaciones significa como 30 mil millones de dólares anuales y representa el 23% de todas las inversiones extranjeras. La cartera de proyectos de construcción en minería está en alrededor de los 57 mil millones de dólares con 48 proyectos, no podemos desperdiciar esto”, puntualizó.

MASIFICACIÓN DEL GAS Y ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

Por último, señaló que es importante llevar adelante el proyecto de masificación de uso de gas que va a beneficiar a zonas de mucha pobreza. Significa alrededor de 200 millones de dólares cuyo encargo ha sido delgado a Pro inversión. Para llevar adelante este y otros proyectos que tiene en cartera Pro inversión por miles de millones de dólares, debemos evitar comprometer la estabilidad jurídica, la fortaleza macroeconómica, así como señales de hostilidad hacia la inversión privada, puesto que todo ello no haría viable futuras asociaciones públicas privadas (APPs). Esto es tema que el gobierno entrante, cualquiera que esté fuera,  deberá revisarlo y más bien profundizarlo y garantizar. Los grandes objetivos de desarrollo del Perú; mejora de calidad de vida y servicios básicos y lucha contra la pobreza requieren de mucha inversión privada y pública.

Fuente: Perúconstruye

Redacción: Almendra Velasco Miranda